La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se enfrenta a su primer gran caso de presunta corrupción administrativa desde que asumió el cargo en febrero de este año. Se trata de una presunta red delictiva integrada por coroneles activos, generales retirados y empresarios, vinculados a un esquema de sobornos para la adjudicación de contratos de seguridad privada en instituciones del Estado. La actividad, bautizada como Operación Lobo, ha resultado en el arresto de 15 personas.
Esta es la primera prueba de envergadura que enfrenta Reynoso y su equipo de trabajo, conformado por Wilson Camacho, nuevo director general de Persecución, y Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Ambos funcionarios también formaron parte del equipo que acompañó la gestión anterior encabezada por Miriam Germán Brito, bajo la cual se ejecutaron importantes operativos de presunta anticorrupción.
