Investigaciones oficiales y reportajes periodísticos coinciden en que durante al menos cuatro años se desarrolló un esquema fraudulento que drenó recursos y debilitó la gobernanza de la principal aseguradora pública.
El programa de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados aunque nunca llegaron a realizarse, valiéndose de identidades reales de afiliados. Para dar apariencia de legalidad se utilizaba un "call center paralelo", operado por exempleados desde fuera de la institución, que gestionaba las autorizaciones.
