El documento, dirigido directamente al mandatario, fue suscrito por activistas, profesionales, académicos, periodistas, juristas, organizaciones sociales y ciudadanos preocupados por el impacto ético y social que tendría esta legislación.
En la misiva, se exige un marco legal que garantice de forma efectiva la vida, la dignidad y la justicia, especialmente para las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
Entre las principales preocupaciones, la carta denuncia una tipificación extremadamente limitada del feminicidio, que solo reconoce tres circunstancias, dejando fuera numerosos casos de violencia letal contra mujeres. Asimismo, se advierten barreras probatorias en casos de violencia intrafamiliar que invisibilizan agresiones graves y contradicen estándares internacionales.
