El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este jueves arresto domiciliario como medida de coerción a los diez imputados en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo, acusados de defraudar al Estado con más de 100 millones de pesos a través de contratos de seguridad privada.
Durante la audiencia, cinco de los principales implicados admitieron su participación en el esquema delictivo, lo que llevó al Ministerio Público a variar su solicitud inicial de prisión preventiva por la medida menos gravosa de arresto domiciliario.
Imputados que admitieron los hechos:
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario y propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), confesó haber pagado sobornos para obtener contratos en entidades estatales.
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exgerente de seguridad de Edenorte.
- Coronel Andrés Pacheco Varela, del Ejército de República Dominicana.
- Coronel Ramón Quezada Ortiz, de la Policía Nacional.
- Primer teniente Wellington Peralta Santos, también del Ejército de República Dominicana.
Según el expediente del Ministerio Público, estos implicados formaban parte de una estructura que pagaba y recibía sobornos para garantizar contratos en instituciones como Edenorte, Edesur, Edeeste, Senasa e Inaipi.
