El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la acción de inconstitucionalidad que buscaba obligar al Gobierno a actualizar por inflación el monto a partir del cual los trabajadores comienzan a pagar Impuesto sobre la Renta (ISR), mecanismo que, según los demandantes, evitaría que miles de asalariados con ingresos relativamente bajos queden sujetos al tributo.
El recurso fue depositado en enero de 2025, pero la alta corte esperó cerca de un año y medio para fallar, cuando el Presupuesto General del Estado de 2025 ya se había ejecutado por completo. Posteriormente, rechazó la acción por esa misma razón, al entender que carecía de objeto pronunciarse sobre una ley que ya había perdido vigencia. El fallo fue aprobado el 16 de julio de 2026.
