En toda familia con cierta fortuna existe el riesgo de que alguno de sus miembros confunda el patrimonio colectivo con una herencia personal. El IDOPPRIL ha caído, progresivamente, en esa tentación. Como el hijo bien posicionado que administra los fondos del hogar con eficiencia contable pero sin conciencia familiar, la institución ha gestionado miles de millones de pesos como si su propósito fuera desembolsarlos después del daño y medir el éxito por el volumen de lo pagado. Lo que parece haber olvidado es que esos recursos pertenecen a los miembros más vulnerables de la familia: los trabajadores. Y la deuda con ellos no se salda pagando facturas clínicas; se salda evitando que el daño ocurra.
En 2024, el sistema desembolsó RD$3,656 millones en beneficios post-siniestro. La cifra, presentada frecuentemente como evidencia de eficiencia, es en realidad una confesión de fracaso preventivo. Doscientos trabajadores fallecidos cuyas familias recibieron RD$21.5 millones no son un indicador operativo; son doscientas pruebas de que el andamiaje de prevención no funcionó. Desde la óptica financiera, cada peso destinado a subsidios de incapacidad o gastos fúnebres representa un costo que nunca debió existir.
I. Lo que la Ley dijo — y lo que la institución escuchó
El legislador que concibió las leyes 87-01 y 397-19 además del Decreto 522-06 no pensaba en indemnizaciones: pensaba en la eliminación del riesgo antes de que se materializara en lesión. Los aportes patronales —entre el 1.10% y el 1.30% de la nómina— deben financiar una cultura de prevención activa, no un fondo de compensación reactiva. La ley nunca fue diseñada para reparar daños muchas veces irreparables; fue diseñada para que esos daños no ocurrieran. Hay una diferencia moral abismal entre ambas funciones, y es precisamente esa diferencia la que el sistema ha decidido, año tras año, ignorar.
