Si el Estado dominicano decide llevar a los tribunales a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) por presuntos incumplimientos en la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), su margen de acción se vería condicionado por el propio contrato de concesión renovado en noviembre de 2023 y vigente hasta 2060.
Aunque el presidente Luis Abinader, elevó el tono y advirtió el pasado 28 de enero que el Gobierno acudiría a instancias legales si la empresa francesa Vinci Airports -propietaria de Aerodom– no inicia de forma efectiva la obra, el convenio establece límites tanto en los mecanismos de resolución de conflictos como en las sanciones económicas aplicables.
Las reglas
El acuerdo refiere que toda controversia se resolverá solo bajo las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Con tres árbitros bilingües (español-inglés); ninguno dominicano ni francés, con sede en Nueva York e idioma español. El texto contractual es explícito: el arbitraje será "el único recurso" y las partes renuncian a acudir a tribunales en la República Dominicana, Francia o cualquier otra jurisdicción.
Esto significa que, más allá del discurso político, el Estado no puede demandar ante tribunales locales.
