La empresa Barrick Pueblo Viejo se comprometió este lunes a revisar las normas relativas al reasentamiento involuntario de las familias que actualmente residen en los terrenos donde será construida la presa de cola de la minera en comunidades de la provincia Sánchez Ramírez.
Así lo dio a conocer este lunes el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, tras concluir el tercer encuentro entre las partes en conflicto y la comisión mediadora.
Dijo que los resultados de la revisión serán presentados por ante su despacho en un plazo de 10 días.
Ulloa explicó que el reglamento a revisar es para definir cuál es el proceso de reubicación que se va a implementar, así como quiénes son las personas que se van a movilizar y bajo qué criterio se seleccionaron.
Para el Defensor del Pueblo, ese es uno de los aspectos más importantes en el proceso de diálogo.
"A partir de las normas ya pudieran darse las comisiones que van a tener en cuenta eso y otros aspectos que a los comunitarios les interesa mucho poder dilucidar y auditar el proceso que lleva a cabo la Barrick", destacó Ulloa.
La comisión mediadora la completan monseñor Carlos Morel Diplán, obispo de La Vega; Joel Santos, ministro de Energía y Minas; Ricardo de los Santos, presidente del Senado y representante de Sánchez Ramírez en la Cámara Alta.
