Especialistas nacionales e internacionales destacaron las garantías incorporadas en la Ley de Extinción de Dominio de República Dominicana, pero advirtieron sobre los retos que enfrentan jueces, fiscales y abogados con la aplicación de una figura todavía nueva en el país.
Entre los principales desafíos señalaron entender la autonomía de este proceso frente a la justicia penal, el manejo de las pruebas, la protección de terceros de buena fe y la administración de los bienes perseguidos por el Estado.
Los expertos abordaron la experiencia dominicana este miércoles durante el último día del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional (TC).
Una figura distinta
Uno de los principales retos señalados es entender que la extinción de dominio persigue los bienes vinculados a actividades ilícitas y no a las personas.
La jueza Rosanna Vásquez Febrillé, del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, sostuvo que esto obliga a los magistrados a cambiar la forma en que tradicionalmente han trabajado los casos penales.
"Nuestro reto como jueces es reconocer la autonomía de la figura, quitarnos el chip de jueces penales y entender que somos jueces de extinción de dominio", afirmó.
