La Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM), que exige contratos formales para renovar permisos laborales de extranjeros, ha generado reacciones en distintos sectores del país, que advierten sobre el impacto que podría tener en áreas que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, como la construcción, la agricultura y el turismo, entre otros.
Diversos sectores expresaron ayer que, aunque reconocen la legalidad de la medida, podría generar efectos adversos en el contexto actual.
El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, William Charpantier, señaló que la disposición se ajusta a la normativa vigente, pero consideró que no necesariamente resulta justa ni conveniente.
"Nosotros respetamos la legalidad de esa resolución, pero el contexto no conviene, incluso va a afectar la economía dominicana en diferentes sectores", manifestó. Asimismo, indicó que la resolución podría afectar derechos adquiridos de trabajadores regularizados en procesos anteriores.
Charpantier también cuestionó que se intente limitar la movilidad laboral del trabajador extranjero y vincular al empleador en procesos que corresponden al Estado. A su juicio, estas disposiciones podrían generar distorsiones en sectores económicos clave.
